Los 14.520 euros del acuerdo servirán para costear los primeros veinte casos que los consistorios afronten en las jurisdicciones social, civil y contencioso-administrativa. Los abogados serán designados por el Colegio y deberán tener al menos tres años de experiencia profesional. En caso de que durante la vigencia del acuerdo (31 de diciembre de 2020-31 de diciembre de 2021) se superasen esos veinte casos, la Diputación ampliará la dotación presupuestaria a razón de 600 euros por pleito. El convenio contempla también la defensa en primera y segunda instancias, y excluye los recursos de casación ante el Tribunal Supremo.
“El objetivo, como en cada actuación de esta Diputación, es mejorar el funcionamiento y los servicios de los consistorios, lo que, al fin y al cabo, redunda en la mejora de las condiciones de vida de los abulenses que viven en nuestro medio rural”, ha señalado el presidente.
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