La CUBP, tras el incendio de Navalacruz, pide al Juzgado de Ávila depurar responsabilidades

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La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), la mayor asociación de bomberos profesionales del Estado, ha puesto una denuncia en los Juzgados de Ávila para que se tomen medidas judiciales tras el mayor incendio (22.000 ha) que se ha producido en la Provincia de Ávila en los últimos 40 años. La catástrofe medioambiental ha dejado de manifiesto, la precariedad existente en el Servicio de Prevención y extinción de incendios en la Diputación de Ávila en particular y en Castilla y León en general. 


La denuncia de los bomberos básicamente consiste, en exigir responsabilidades ante la falta de inmediatez a la hora de extinguir el vehículo que posteriormente provocó el incendio forestal. Lo ocurrido es algo que se venía avisando desde hace años por la Plataforma de Bomberos públicos de Castilla y León, porque lo cierto es, que para ofrecer Servicio a toda la provincia de Ávila (8000 km cuadrados con 100.000 habitantes y 247 municipios) solamente cuentan con un Parque de Bomberos profesional, el del Ayuntamiento de Ávila. Teniendo en cuenta esta cuestión, podemos afirmar que los tiempos de respuesta (tiempo medio que tarda un servicio de emergencia a un punto en concreto en su zona de actuación) no son propios de un país desarrollado y que dejan en muy mal lugar a la Junta de CyL, en comparación con otras comunidades autónomas. 


Desde el punto de vista de la asociación, hay un claro incumplimiento de la Ley Básica de Régimen Local, (art. 36C) que regula la prestación de dicho servicio público como una de las competencias propias de la Diputación. Además, y según la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, se debe desempeñar mediante un servicio de bomberos profesionales y agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Recientes sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº3 de León (20/2020) y del TSJCL (275/2020) refuerzan las mencionadas leyes, tanto la autonómica como la estatal, creando jurisprudencia al respecto en Castilla y León. 


Entendemos que ha habido dejación de competencias en materia de prevención y extinción de incendios por parte de la Diputación de Ávila, lo que podría generar responsabilidades penales a la vista de lo acontecido en Navalacruz, con inacción y/o actuación tardía y poco efectiva, además de una importante descoordinación entre las diversas administraciones. 


En la denuncia, se ha hecho especial hincapié en que se preserven todas las grabaciones de voz de cualquier tipo, telefónicas, redes de comunicaciones propias, etc, y registros de datos que existan en los Centros de Atención y Despacho de Llamadas de Urgencia 112 de las distintas administraciones intervinientes, no solo Castilla y León. Como profesionales, creemos que es el medio para demostrar lo denunciado

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